El proceso de selección de altos funcionarios del Poder Judicial en México ha tomado un giro inesperado. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, ha impugnado el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe la difusión de la elección judicial. En sus palabras, se trata de una medida «ridícula» e «irrazonable». Pero, ¿cuáles son las implicaciones de esta decisión?
Un proceso histórico bajo la lupa
Este año, la selección de jueces y magistrados se lleva a cabo mediante un mecanismo inédito en México. La transparencia y la información sobre este proceso resultan fundamentales para garantizar una participación ciudadana informada. Sin embargo, el acuerdo del INE limita la difusión del proceso electoral exclusivamente a la institución electoral, dejando fuera a otros organismos e instituciones académicas.
La postura de Loretta Ortiz
Como candidata a repetir en el cargo de ministra, Ortiz Ahlf ha llevado su impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Argumenta que restringir la difusión del proceso electoral afecta tanto el derecho de los candidatos a ser votados como el derecho de la ciudadanía a recibir información de diversas fuentes confiables.
¿Cómo afecta a la ciudadanía?
Para Ortiz, esta restricción representa un problema de acceso a la información. En un proceso tan relevante como este, universidades, medios de comunicación y otras entidades podrían contribuir a informar de manera neutral a la población. De lo contrario, según la ministra, se estaría privando a los ciudadanos de entender aspectos esenciales como la estructura de las boletas, los criterios de votación y las funciones de los jueces que serán elegidos.
La democracia en juego
Según la impugnación, el propio Poder Judicial y otras instituciones han participado en las etapas previas del proceso de selección de candidatos. Entonces, ¿por qué impedirles ahora informar a la ciudadanía? Ortiz sostiene que un sistema democrático debe fomentar la participación activa y el acceso libre a la información.
¿Qué sigue?
El Tribunal Electoral deberá resolver la impugnación y definir si el acuerdo del INE se mantiene o se modifica. Mientras tanto, el debate sobre la transparencia en los procesos electorales sigue en el centro de la conversación política.