La estrategia presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para abordar la crisis de desapariciones en México ha sido duramente cuestionada por familiares de víctimas y colectivos de búsqueda, quienes denunciaron que la propuesta revela un desconocimiento de los mecanismos institucionales existentes y podría no estar encaminada a resolver el problema de fondo.
En una carta firmada por cientos de personas, incluyendo organizaciones sociales y activistas, los afectados señalaron deficiencias en los seis puntos expuestos por la mandataria, además de proponer alternativas para mejorar la estrategia gubernamental. Exigieron que Sheinbaum y su equipo se informen mejor sobre las leyes y procedimientos vigentes antes de presentar soluciones que consideran incompletas o engañosas.
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta gubernamental es el fortalecimiento presupuestal y operativo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sin realizar cambios en su dirección. Los colectivos insisten en la destitución de Guadalupe Reyes Sahagún, quien fue nombrada por la administración anterior sin el consenso de las familias de víctimas y ha sido señalada por su falta de experiencia y diálogo con los afectados.
Otra de las exigencias es el relevo de Martha Yuriria Rodríguez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y la reactivación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Aseguran que más allá de incrementar los recursos, es indispensable contar con funcionarios preparados y sensibles ante la situación que enfrentan los familiares de personas desaparecidas.
Los firmantes de la carta también criticaron la intención de crear una cédula de identidad como estrategia de prevención, recordando que una medida similar fue propuesta en el gobierno de Felipe Calderón sin éxito. Además, advirtieron que la modificación de la Ley General en materia de datos forenses parece desconocer que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene atribuciones en el tema, pero ha incumplido con su implementación.
Sobre los protocolos de búsqueda, los colectivos recalcaron que estos ya existen, pero no se aplican debido a la falta de voluntad política y a la corrupción dentro de las Fiscalías y Ministerios Públicos, a quienes señalaron como uno de los principales obstáculos para localizar a los desaparecidos.
Uno de los puntos más rechazados de la estrategia presidencial es la equiparación del delito de desaparición con el de secuestro. Las organizaciones afirman que esto implicaría un grave retroceso en la investigación de los casos y dejaría invisibilizadas a muchas víctimas.
Finalmente, los familiares y activistas pidieron mayor transparencia en el manejo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Propusieron la publicación de informes mensuales que no solo indiquen cuántas personas desaparecen diariamente, sino también cuántas han sido localizadas y cuántos casos han sido judicializados, señalando que actualmente solo el 1% de los casos llegan ante un juez.
“La búsqueda de nuestros desaparecidos sigue recayendo en nosotros, las familias. Mientras tanto, el gobierno mantiene cerradas sus oficinas y sigue sin romper los pactos de impunidad que impiden encontrar a nuestros seres queridos”, concluye el documento enviado a la presidenta.