La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó la detención de tres exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, en una acción que ha sacudido el panorama político estatal. Según reportes, también podría existir una orden de aprehensión contra Aureoles, lo que aumenta la incertidumbre sobre su situación legal.
Detenciones clave: Quiénes son los implicados
El Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura de:
- Carlos Maldonado Mendoza: Exsecretario de Finanzas y Administración.
- Mario Delgado Murillo: Exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración.
- Elizabeth Villegas Pineda: Exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Estos exfuncionarios estuvieron a cargo de importantes gestiones financieras y de seguridad durante la administración de Aureoles, lo que ha despertado diversas especulaciones sobre el motivo de su detención.
¿De qué se les acusa?
Aunque la FGR no ha revelado aún los cargos específicos, diversas fuentes sugieren que las detenciones estarían relacionadas con presuntos actos de corrupción y desfalco de recursos estatales. En el pasado, la administración de Aureoles fue señalada por irregularidades en la gestión financiera, lo que podría haber sido el detonante de estas acciones legales.
Silvano Aureoles en la mira de la justicia
El caso ha tomado mayor relevancia debido a los rumores sobre una posible orden de aprehensión contra Silvano Aureoles. Hasta el momento, el exgobernador no ha emitido una declaración oficial, pero en ocasiones anteriores ha rechazado cualquier acto de corrupción durante su mandato.
En redes sociales, algunos usuarios han recordado la confrontación de Aureoles con el gobierno federal cuando protestó en Palacio Nacional en 2021, exigiendo respeto a los resultados electorales en Michoacán. Ahora, su situación podría cambiar drásticamente si la FGR confirma la orden en su contra.
Reacciones y consecuencias políticas
El impacto de estas detenciones ha sido inmediato. Políticos de diversas fracciones han exigido que se esclarezca la situación y que se garantice un proceso legal justo. Mientras tanto, ciudadanos y analistas políticos están atentos al desarrollo de este caso, que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en Michoacán.